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El famoso sistema de reparto: Venezolanos en Chile demandarán al gobierno socialista de Maduro por no pago de pensiones

A algunos les deben 18 meses, lo que, más allá de la crisis económica, atribuyen a una decisión política. “El régimen nos considera casi como enemigos del Estado“, dice uno de los dirigentes que organizan a los afectados, unos 12.500 en distintos países.

Sonia Laborde lleva 3 años y medio viviendo en Chile, después de haber trabajado durante más de 40 años en  Venezuela. Divorciada de un médico chileno, esta abogada nacida en Uruguay se exilió en los setenta en Caracas, pero hoy, a sus 73 años, quiere residir en Santiago cerca de su hija y sus nietas. Su problema es que desde hace ya nueve meses el Instituto Venezolano de Seguridad Social (IVSS) no le remite el pago de su pensión mensual, sin recibir ningún tipo de explicación oficial de algún organismo del gobierno de Nicolás Maduro.

Yo tengo la suerte de tener hijos que me pueden ayudar, pero hay otros pensionados venezolanos que no, que dependen del pago de su pensión para su subsistencia, y su situación es dramática. Hemos visto gente que no tiene para alimentos ni para medicinas o que los botan de sus casas porque no tienen cómo pagar el arriendo”, señala la presidenta de la Asociación Gremial de Pensionados Venezolanos Residentes en Chile (Pensivech), organismo que agrupa a 509 de los cerca de 1.000 jubilados y pensionados venezolanos en el país que han dejado de recibir el pago de sus pensiones. “Muchos en Venezuela dicen ‘ay, ustedes están afuera y nosotros aquí pasándolo mal’. Pero resulta que ellos en Venezuela más tarde que temprano consiguen alimentos y pueden comprarlos, aunque haya que hacer cola, todo esté caro y haya una inflación espantosa. Pero aquí no recibimos nada de dinero, y no podemos comprar nada“, añade.

La situación no se limita a Chile. Según denuncia la Asociación de Pensionados de Venezuela en el Exterior (Asopex) -a la que está afiliada Pensivech-, dentro de los 12.500 pensionados que viven en el extranjero, hay algunos que no han podido cobrar desde el segundo semestre de 2015, mientras que en Chile, al tener un convenio con Venezuela que permite el pago mensual de los dineros, se dejó de pagar en diciembre del año pasado.

No nos han dado ninguna respuesta del gobierno. Absolutamente ninguna. Es algo que se cuenta y no se cree“, dice Miguel Megías, coordinador de Asopex, quien fuera profesor universitario por más de 50 años en Venezuela y hoy vive en España.

El dirigente -que mantiene un sitio web donde organiza a los capítulos de una decena de países- señala que se han hecho gestiones en el IVSS, en Cencoex (que administra el otorgamiento de divisas), en el Banco Central, e incluso en la Asamblea Nacional -hoy dominada por la oposición-, pero hasta ahora nadie les ha dado una explicación.

La sospecha que tenemos es que al caer el precio del petróleo hubo una merma tremenda de los ingresos de dólares, y los que dependemos de la divisa sufrimos ese vía crucis. Pero también ha habido una falta de voluntad política por parte del gobierno, que considera a los que estamos en el exterior casi como ‘enemigos del Estado’. En varias ocasiones, Maduro ha dicho ‘¿quién manda a los jubilados a irse al exterior?’. No ha llegado al punto de decir ‘que se mueran’, pero sí hay una idea de que estamos al último en la lista de prioridades”, sostiene Megías, quien recalca: “Nosotros no somos enemigos ni del país ni del Estado ni de nadie. Somos sencillamente personas cuya supervivencia depende de que nos envíen nuestras remesas. Esto no es un lujo: es la supervivencia de 12.500 personas en el exterior“.

El sistema de pensiones venezolano tiene básicamente dos modalidades. Para los que cotizaron por al menos 15 años en el IVSS existe una pensión de unos 15.500 bolívares al mes, que es la misma para todos. Y para los que trabajaron en otros organismos, como universidades, ministerios o empresas estatales, existe una prestación por jubilación, dependiendo del tiempo trabajado. Las mujeres pueden acceder a una pensión completa a los 55 años; los hombres, a los 60, y muchos son tanto pensionados como jubilados.

Como son considerados un “sector especial” en la economía, tal como algunos alimentos o medicinas, los pensionados tienen acceso a un tipo de cambio especial, que actualmente es de 10 bolívares por dólar, frente a los cerca de 1.000 bolívares que se cotiza la divisa en el mercado negro. Esa enorme distorsión provoca que los pagos sean artificialmente beneficiosos para los que viven en el extranjero y cobran en dólares: según Laborde, en las últimas bonificaciones recibieron cerca de US$ 1.500, pese a que la pensión en bolívares es equivalente al sueldo mínimo venezolano.

Hoy el gobierno no tiene dólares, y por ahí, extraoficialmente, han declarado que no somos prioridad. Imagínese usted ir contra los derechos humanos diciendo eso“, asegura Laborde, quien explica que ante la precaria situación económica de algunos pensionados venezolanos en Chile, han debido derivarlos a organismos como el Servicio Nacional del Adulto Mayor, la Cruz Roja y Caritas.

Pensivech, además, ha realizado gestiones con las autoridades de la dirección consular del Ministerio de Relaciones Exteriores chileno y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), así como pedido entrevistas con el embajador venezolano en Santiago, Arévalo Méndez, quien no los ha recibido -según les comentó una funcionaria- “por no haber nada nuevo”. El embajador Méndez no respondió a la solicitud de “El Mercurio” de una entrevista por este tema.

El próximo paso de los afectados es internacionalizar sus exigencias. Pensivech acaba de presentar una demanda ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DD.HH., en la que exigen medidas cautelares “en contra de las acciones y omisiones, lesivas y amenazantes a los derechos humanos, a la seguridad social, la protección a la vejez, la salud, igualdad y no discriminación” cometidas por el gobierno de Maduro. También Asopex promueve la firma de una carta destinada, entre otros, al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y al secretario general de la OEA, Luis Almagro. “Incluso nos hemos comunicado con el Papa”, dice Megías.

¿Hay o no divisas?

Otra vía de presión es a nivel interno. Asesorados por la ONG venezolana Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), los pensionados presentarán una demanda de protección de intereses colectivos en contra de varias autoridades del Estado. “No hay ninguna justificación, ni desde el punto de vista legal ni financiero, para que el gobierno no pague estas pensiones”, afirma el abogado Juan Carrero, quien recalca que “no se trata solo del cobro de una prestación de dinero, sino de un hecho muy grave, donde están involucrados varios derechos fundamentales“.

Según Carrero, no es admisible que el gobierno diga que no tiene divisas para pagar, ya que en la última memoria del Ministerio de Economía, las partidas para pensiones en el extranjero fueron de US$ 72,4 millones, lo que equivale a solo el 0,93% del total de divisas liquidadas. “Es menos del 1% de los dólares del país. ¿Por qué se niegan? ¿Por qué no pagan?”, inquiere el abogado. “Este no es un caso político. No somos una organización política, sino que lo que buscamos es salvaguardar la salud y la vida de estos jubilados“.

Laborde, quien se reúne todos los jueves con los miembros de Pensivech, espera que en algún momento la embajada venezolana les dé alguna explicación: “Son un organismo del Estado y tienen que dar respuesta. Pero no la dan, y además dicen que no tienen nada que ver”.

Megías no es tan optimista. “Estas cosas toman mucho tiempo. Y cuando se materialice, tal vez muchos de nosotros habremos muerto ya”, comenta. “No perdemos la esperanza, pero tampoco tenemos muchas expectativas de que esto vaya a resolverse mientras Maduro esté en el gobierno. No vemos ninguna salida con este gobierno”.

Debido a su precaria situación, algunos pensionados han sido derivados al Servicio Nacional del Adulto Mayor, la Cruz Roja y Caritas Chile.

Fuente: EconomíayNegocios.cl

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