sáb. Ago 17th, 2019

Asociación Nacional de Funcionarios de la Fiscalia Metropolitana Sur, AFFREMSUR.

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Santiago, jueves 6 de junio 2019  ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO ENTREGA PETITORIO A PRESIDENTE PIŇERA EN LA MONEDA  

La Asociación Nacional de Funcionarios de la Fiscalía Metropolitana Sur(AFFREMSUR), presentó hoy un petitorio dirigido al Presidente de la República, Sebastián Piñera, documento en el que señalan las diferentes demandas planteadas por el gremio como es el caso de la fiscalización laboral externa,  mejorasen la carrera funcionaria, aumento en los requisitos para ser nombrado fiscal nacional y regional, y también la revisión de las cargas de trabajo. Asimismo, en el petitorio se indica la necesidad de que exista control financiero y haya mejoras en la infraestructura de las fiscalías en Santiago y regiones.  

“La crisis del Ministerio Público no se soluciona con acuerdos entre cuatro paredes y proponiendo cambios superficiales”, afirma, Paulina Ruiz,  presidenta de AFFREMSUR, quien agrega que “las asociaciones de funcionarios hemos denunciado por años las situaciones que  ha generado  la ausencia de diversos controles externos y las falencias de la ley Orgánica Constitucional de nuestra institución”. 

La dirigente sindical indica que “no es correcto que nos enteremos por la prensa que el Gobierno está fraguando un paquete de reformas para el Ministerio Público y no se dialogue con quienes conocen las fiscalías por dentro y que,reitero, han expuesto sus problemáticas históricamente.

A raíz de todos estos hechos, exigimos una mesa de trabajo que permita centrarnos en los problemas que, a nuestro juicio, explican la crisis del órgano persecutor: -Falta de fiscalización externa y control de  legalidad en el área laboral y financiera.  -Relación entre actuales sistemas de trabajo y sobrecarga laboral por déficit de dotación. -Debilidades en la carrera funcionaria y sistemas de selección para jefaturas. -Falencias de infraestructura a nivel nacional. -Falta de regulación en las normas de conducta que deben seguir el Fiscal Nacional, los Fiscales Regionales con los trabajadores, parlamentarios y miembros del Poder Judicial.

Los funcionarios de AFFREMSUR afirmaron, además, que “como representantes de los funcionarios  del Ministerio Público, hacemos un llamado al Ejecutivo y al mundo parlamentario para que se trabaje en las  reformas al órgano persecutor  de forma seria y prolija,  acogiendo la visión institucional, más allá de situaciones coyunturales. Los trabajadores son quien es mejor conocen la institución y permanecen en sus puestos al margen de las jefaturas de turno. Lamentamos, asimismo, la negativa del Ministro de Justicia, Hernán Larraín, de reunirse con nosotros, pese a nuestras reiteradas solicitudes por las vías formales para conseguir audiencia”. También,sostienen que “lamentamos que por parte del Fiscal Nacional, Jorge Abbott tampoco tengamos respuesta al oficio que le remitimos con fecha 26 de abril, en el que planteamos nuestra preocupación por el no pago de la asignación profesional y la falta de una legislación específica para los trabajadores en lo que, a beneficios de incentivo al retiro, se refiere”. 

Mayor información: Daisy Castillo Triviños Periodista AFFREMSUR

DIRECTORIO ASOCIACIÓN NACIONAL FUNCIONARIOS FISCALIA METROPOLITANA SUR, AFFREMSUR.

Junto con saludar, en virtud de las históricas demandas de los funcionarios que representamos a nivel nacional, luego de la cancelación unilateral por parte de la Cartera de Hacienda de la Mesa de Trabajo que sostuvimos por más de una aňo con dicha Entidad, y la negativa del Sr. Ministro de Justicia, Hernán Larraín ante  las solicitudes de reunión que hemos efectuado los dirigentes  de los trabajadores del Ministerio Publico, venimos a presentar a Ud., el siguiente petitorio, a fin de reponer las instancias de dialogo que sean necesarias para avanzar en las reformas y modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional que requiere con urgencia el Ministerio Publico:Se envié al Congreso  durante este año 2019 un proyecto de ley de incentivo al retiro para los trabajadores del Ministerio Publico,  en igualdad de condiciones con los beneficios que recibe el Poder Judicial, ya que de acuerdo a la propia ley Constitucional del Ministerio Publico, el Órgano Persecutor esta  asimilado  a esa escala de remuneraciones incluyendo bonos y asignaciones.

Se envié al Congreso  durante este año 2019 un proyecto de ley de incentivo al retiro para los trabajadores del Ministerio Publico,  en igualdad de condiciones con los beneficios que recibe el Poder Judicial, ya que de acuerdo a la propia ley Constitucional del Ministerio Publico, el Órgano Persecutor esta  asimilado  a esa escala de remuneraciones incluyendo bonos y asignaciones.

Mismo principio debe aplicarse para el reconocimiento de la asignación profesional en todos los estamentos del Ministerio Publico, sin exclusiones.

Se implemente un mecanismo de Fiscalización Laboral Externa para los trabajadores del Ministerio Publico, a fin de contar con  la posibilidad de apelar sanciones emanadas  de investigaciones administrativas, reclamar la eventual  disconformidad ante resultados de concursos públicos, desvinculaciones y calificaciones. 

Asimismo, contar con un  control de legalidad sobre las actuaciones administrativas que se adoptan con los funcionarios en la determinación y remuneración de turnos de trabajo para entregar primeras instrucciones a las policías, turnos para efectuar los controles de detención de imputados, cambios en los horarios de atención de Publico, condiciones generales de la subrogación tanto de Fiscales como de otros profesionales incluyendo a los administradores y técnicos custodios de evidencias.

Se regule la subrogación de Fiscales, delimitando las causales que  justifiquen la adopción de dicha medida,  resguardando además a los abogados asistentes que la ejerzan,  en  cuanto  al nivel de responsabilidad administrativa que les corresponde asumir, toda vez que actúan en remplazo de un Fiscal,  perteneciendo  a un estamento distinto.

Se aumenten  las restricciones para proceder a aplicación del  art. N° 81 letra k) de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Publico, en orden a que  las desvinculaciones efectuadas en virtud de dicha norma, correspondan a un efectivo y comprobable cambio de perfil de un cargo, y no afecte en ningún caso a funcionarios de carrera bien calificados.

Exista un mecanismo de denuncias por maltrato laboral y/o acoso laboral o sexual, regulado y supervisado por un Organismo independiente del Ministerio Publico,  a fin de garantizar la plena objetividad y  transparencia en el desarrollo de las indagatorias y los resultados de las mismas.

Exista fiscalización contable y financiera de la Contraloría General de la Republica sobre el presupuesto que recibe anualmente el Ministerio Publico.

Se genere un plan de mejora de infraestructura a nivel nacional, especialmente para aquellas Fiscalías que actualmente presentan importantes déficits en este ámbito, tanto en  el área metropolitana como en las regiones del país.

Se efectué una revisión de la dotación de funcionarios versus las cargas de trabajo que asumen actualmente,  y si la totalidad de las funciones que desarrollan  corresponden a los perfiles de cargo establecidos de acuerdo a su estamento y grado económico.

Convocar a un panel de expertos junto a los representantes de los funcionarios  a fin de analizar la eficacia  de los actuales sistemas de trabajo del Ministerio Publico, evaluando sus efectos, tanto para los ciudadanos como para  quienes los ejecutan al interior del Órgano Persecutor.

Se eliminen los cargos de exclusiva confianza a lo menos en las jefaturas nacionales y  regionales de recursos humanos y direcciones ejecutivas, permitiendo  que estos puestos sean concursados por alta dirección pública, asegurando así competencias mínimas en administración pública y desarrollo del personal de quienes ejerzan estas funciones. 

Se aumenten las exigencias para postular a los cargos de Fiscal Nacional, Fiscal Regional y Fiscal Jefe de Unidad, evaluando las siguientes competencias blandas: manejo de equipos humanos, liderazgo y vinculación  con los dirigentes sindicales.

Se reduzca el periodo del Fiscal Nacional y Fiscales Regionales a cuatro años con posibilidad de continuar otros cuatro, sujeto a una evaluación de su gestión y comportamiento con los trabajadores de la Institución, es decir se revisen las denuncias por maltrato y/o acoso laboral o sexual, por vulneración de derechos laborales o prácticas antisindicales que pesen sobre los candidatos a estos puestos.

Se establezca un marco regulatorio sobre las reuniones que sostengan miembros del Ministerio Publico con parlamentarios o miembros del Poder Judicial en el proceso de postulación a los cargos de Fiscal Nacional o Fiscal Regional y también durante el ejercicio de dichos puestos.

Se establezcan para todas las jefaturas del Ministerio Publico, normas de conducta que promuevan el buen clima laboral y la equidad de Género, y que su cumplimento sea evaluado como meta de gestión institucional.

Le solicitamos en su calidad de Presidente de la Republica,  tenga a bien  considerar  la instalación de  una mesa de trabajo  tripartita que cuente con la presencia de  representantes del Ejecutivo, dirigentes del Ministerio Publico y de la propia Institución a fin de avanzar en las reformas e iniciativas legales señaladas, sin excluir a ninguna Asociación del Órgano Persecutor, ya sea de Funcionarios o Fiscales.

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